Grupo de medidas buscan generar ahorros por hasta US$ 855 millones anuales. Estudio detectó que 20% de las bases de las licitaciones tienen limitantes a la competencia.
Una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de compras públicas presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), tras realizar un estudio de mercado del sistema. Aunque está en una versión preliminar, la que está abierta para recibir comentarios hasta el 25 de septiembre, las medidas podrían traducirse en ahorros importantes para el Estado.
El organismo determinó que a través de compras públicas se mueven del orden de US$ 10.000 millones anualmente, considerando compras a través de licitaciones (55%), convenios marco (25%) y adjudicaciones directas (20%). Esto no incluye áreas como concesiones de obras públicas.
Ricardo Riesco, titular de la FNE, explicó que “cada peso que el Estado pueda ahorrar en compras públicas puede ser destinado a otros fines más prioritarios que hoy, además, son sumamente urgentes”.
“El contar con un sistema de compras públicas transparente y eficiente ha sido un viejo anhelo y un objetivo relevante para nuestro país. De hecho, el sistema de compras públicas que administra ChileCompra desde el año 2003 cumplió en buena forma con dicho objetivo y nos permitió ser líderes y referentes en nuestra región por muchos años”, recalcó.
De todos modos, en base al análisis realizado en el equipo dirigido por Sebastián Castro, la entidad concluyó que es un sistema que requiere ser modernizado.
Por ejemplo, en procesos de licitación de compras públicas, se detectó que en el 25% de los concursos llega solo un competidor, lo que limita los precios que se pueden obtener.
Además, 20% de las bases que se analizaron manualmente tienen limitantes a la competencia, por ejemplo, incluyendo marcas específicas o características que no están del todo definidas, lo perjudican que varios oferentes lleguen a concursar.
El estudio utilizó la base de datos que administra ChileCompra, “sin embargo, gran parte de la información requerida para nuestros análisis de competencia no se podía procesar en computadores. Por eso y en un trabajo inédito, realizamos un análisis manual, hoja por hoja, de 400 licitaciones públicas, de 400 productos disponibles en convenio marco y de 400 tratos directos”, detalló Riesco.
Respecto a los convenios marcos, que son licitaciones estándar que se hacen para que luego los servicios puedan acceder de forma más expedita a bienes y servicios, la FNE determinó que también se pueden introducir mejoras. Solo mejorando el mecanismo de elección del proveedor implicaría ahorros que pueden ir entre US$ 240 millones y US$ 805 millones, en base a cálculos conservadores.
También se determinó que el 20% de las compras se hacen por trato directo y, en el 58% de esos casos, el organismo no pudo justificar el por qué de su uso por sobre otras herramientas de compra.
Grupos de medidas
Las medidas que propuso la FNE se agrupan en dos: un primer grupo de medidas que apuntan a su eficiencia y un segundo grupo de medidas que apuntan a su institucionalidad, detalló Riesco.
Por ejemplo, respecto de los temas de fondo, propone dotar a ChileCompra de facultades regulatorias -que implicaría que sus instrucciones pudieran ser obligatorias-, robustecer el sistema de fiscalización, ampliar la competencia del Tribunal de Compras Públicas y modernizar el sistema electrónico a través de los cuales se centraliza esto.
Riesco destacó que toda la información dentro del sistema de compras públicas debería nacer y morir digitalmente, lo que permitiría un monitoreo más eficiente de casos de colusión en licitaciones públicas, así como detectar casos de corrupción.
Respecto a las medidas de eficiencia, en materia de licitaciones, el titular de la FNE señaló que se busca “incrementar el número de participantes en las licitaciones públicas porque el estudio observa que, en un 25% de las licitaciones públicas, solo existe un participante, en un 40% de las licitaciones públicas participan dos oferentes y, en un 55% de las licitaciones públicas, intervienen tres o menos participantes”.
Según explicaron, esto se debe en parte “a que muchos organismos públicos no definen bien sus necesidades, a que no planifican adecuadamente sus compras y, por último, a que un 20% de las bases de licitación contienen limitantes a la competencia, siendo la más recurrente la solicitud de una marca”.
Respecto a los convenios marcos, la autoridad -que una vez que emita la versión final del documento deberá enviar las propuestas al Ministerio de Hacienda, para que las evalúe- señaló que “las mejoras se enfocan en convertirlo en un mecanismo realmente competitivo de acuerdo con los estándares de la OCDE, lo que hoy no ocurre”.
Dice que una muestra de esta necesidad es que hoy este filtro es bastante básico, donde el “78% de quienes postulan a un convenio marco son seleccionados para participar en él”.
Respecto a los tratos directos, se apunta a disminuir el uso solo a concursos donde es “absolutamente necesario”.
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