Autorizado por Interior: Carabineros revocó licitación de $24 mil millones para control de identidad

ChileCompra en prensa

Jun 29
SImccar carabineros

La institución verde oliva, en todo caso, ya tenía elegida como proveedora de cuatro mil sistemas móviles de consulta, durante 6 años, a la multinacional Idemia. Sin embargo, aseguran, la demora de la Contraloría en ejecutar el trámite de toma de razón, los habría obligado a desarrollar una aplicación propia que podrán usar los uniformados a nivel nacional en su celular. El director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general inspector Enrique Bassaletti, confirmó la versión e indicó que el temor es que el organismo fiscalizador echara abajo el concurso y que contara con información que ellos desconocían, por ejemplo, sobre eventuales delitos. La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Con autorización del Ministerio del Interior, Carabineros revocó una licitación de $24 mil millones para el arriendo de cuatro mil sistemas móviles de consulta (conocido como “Simccar”) durante 6 años, que permitiría a los uniformados realizar fiscalizaciones en terreno accediendo con mayor rapidez a las bases de datos institucionales. Lo anterior, a más de un año y medio de convocado el concurso y teniendo elegida como proveedora a la multinacional Idemia.

La decisión quedó plasmada en la resolución 399 del 16 de junio pasado, donde se explica que las necesidades cambiaron y que será la institución la que desarrollará una aplicación (app) -inicialmente en tres meses- que los efectivos podrán operar desde su teléfono celular.

Lea la resolución

La información fue confirmada a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, por el director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general inspector Enrique Bassaletti, de quien dependen las unidades de Logística como también la de Compras Públicas.

De acuerdo a la versión entregada por el uniformado, en diciembre pasado se envió la decisión para el control de legalidad a la Contraloría, que de ser confirmada daría como ganador a Idemia.

Sin embargo, a raíz de que varios parlamentarios denunciaron supuestas irregularidades en la adjudicación, la entidad revisora solicitó a la policía que explicara cómo se había desarrollado la licitación.

Como una de las contestaciones demoró en llegar, la CGR resolvió abstenerse del trámite y el 24 de marzo del corriente devolvió el documento a la policía uniformada. Todo volvía a fojas cero.

La institución uniformada envió al organismo fiscalizador al menos tres oficios defendiendo el trabajo desarrollado, la transparencia con que se realizó y la irrestricta sujeción a las bases de licitación y el 16 de abril reingresó el trámite, esperando su aprobación para implementar el Simccar.

Es más, el 20 de mayo del corriente, Carabineros envió una última respuesta a la Contraloría, en donde consideró “delicadas” las expresiones del diputado José Pérez Arriagada, quien deslizó que Idemia carecía de idoneidad para ser elegida como la ganadora, a raíz de que mantiene un conflicto pendiente con la licitación que proveerá pasaportes al Registro Civil.

Lea la respuesta

Como fuera, el hecho es que desde marzo pasado Carabineros no podía usar el Simccar, proveído por la empresa GTD, ya que había vencido el contrato. Por lo anterior, la institución -en medio de la pandemia- debió volver al viejo sistema de consulta vía radial, ralentizando los procedimientos de fiscalización en terreno.

¿Podemos?

La demora de la entidad revisora encendió las alarmas, dijo Bassaleti, “y nos empezamos a poner nerviosos”.

“No teníamos la certidumbre de si la Contraloría iba a matar esta licitación y nos pusimos en el peor de los escenarios. Y ese era que la Contraloría tuviera otra información que nosotros no teníamos, por ejemplo de carácter penal y derivara los hechos al Ministerio Público (…) Derechamente (…) algo de coimas o que tenían un antecedente mucho más potente (…)”, explicó Bassaletti.

En todo caso, este último indicó que se hicieron todas las revisiones con departamentos especializados de Carabineros para descartar -o eventualmente confirmar- alguna irregularidad, pero no apareció nada.

Entonces, a fines de abril, apuntó Bassaletti, se preguntaron si en vez de llevar adelante la licitación de 24 mil millones, sería mejor crear una plataforma propia. No tuvieron que esperar mucho porque un oficio enviado el 30 del mismo mes desde la Subsecretaría del Interior, les inquirió qué ocurría con la adjudicación, por qué demoraba tanto y cuáles serían los cursos de acción.

Según el general, consideraron que contaban con la experiencia y los medios para sacar adelante una app, tomando la experiencia adquirida con la web Comisaría Virtual.

Fue así que el 28 de mayo, a través de un documento de la Secretaría General de Carabineros informó a la autoridad política, agregó Bassaletti, “que teníamos un plan para hacerlo, que tenía como objetivo un desarrollo propio” (…) de un servicio que tiene un carácter estratégico”.

Dicho eso, el 7 de junio pasado el director de Compras Públicas, general Humberto Riffo, retiró la petición de toma de razón la que fue verificada en Mercado Público el 16 del mismo mes, dando fin a la licitación.

Según Bassaletti, los $24 mil millones no se perderán, ya que con ese dinero podrán comprar otros elementos tecnológicos, “como por ejemplo servidores”.

La decisión adoptada con la venia de Interior también tiene otra lectura. Ocurre que si la CGR declaraba ilegal la elección de Idemia y se requería implementar de todas formas el Simccar, Carabineros debería echar mano a la empresa Pegasus, que había quedado en segundo lugar en la licitación.

Hay que recordar que esta última firma se querelló en junio de 2020, imputando delitos de corrupción a la subsecretaria de Prevención del Delito, la RN Katherine Martorell, en el marco de la compra de cámaras corporales para la policía uniformada, cuya investigación está en pleno desarrollo en la Fiscalía Centro Norte.

Tráfico de influencias

Esta no es la primera vez que Carabineros revoca una licitación millonaria. Tal como informó este medio, la institución hizo lo propio en otro proyecto, esta vez por un valor de US$20 millones, para modernizar el número 133 de emergencias en enero pasado.

Sobre este último, en todo caso, pesa una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias que sustancia la Fiscalía Oriente, luego que se descubriera que miembros civiles de la comisión evaluadora mantenían conflictos de intereses con una empresa que validó la experiencia de uno de los oferentes.

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