TC declaró admisible inaplicabilidad que impugna norma que le impide a empresa a contratar con el Estado en la eventualidad de que se la sancione por prácticas antisindicales.

Tribunales

Ago 01

La requirente es denunciada por un Sindicato que alega vulneración de derechos fundamentales por prácticas antisindicales.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 294 bis del Código del Trabajo.

El primer precepto impugnado establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”. Por su parte, el artículo 294 bis del Código del Trabajo, dispone: “La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos”.

La gestión pendiente incide en un proceso laboral, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde un Sindicato de Trabajadores denunció a la empresa requirente por prácticas antisindicales en un procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.

La requirente estima que los preceptos impugnados infringen la igualdad ante la ley, por cuanto la sanción aplicable que impone la Ley N°19.886 de no contratar con el Estado, resulta arbitraria y sumamente gravosa, ya que su principal actividad económica deriva de contratos celebrados con entidades públicas como son las municipalidades. Si se la priva de participar en licitaciones para contratar con el Estado no podrá seguir funcionando, perjudicando a sus trabajadores que se quedarán sin fuente laboral, por lo que en lugar de producir la norma impugnada un efecto protector respecto de las condiciones laborales de los trabajadores, se constituye en un factor destructivo respecto de éstas, perjudicando de manera directa a los trabajadores de la empresa, más aún en las circunstancias extremadamente anormales como las que se viven actualmente a causa de la pandemia causada por el COVID-19, en que las condiciones de la economía están afectando severamente las condiciones de empleabilidad a nivel país, como es de público conocimiento, situación a la que no es inmune la requirente.

La sanción que prevé el inciso primero del artículo 4º de la Ley N°19.886 en relación a una condena por la vulneración de derechos fundamentales es totalmente desproporcionada, tanto más si se considera que se trata de una sanción accesoria a la contemplada en el Código del Trabajo para la infracción a los derechos fundamentales del trabajador, razonamiento que pone de manifiesto la absoluta irracionalidad y desproporción de ella.

Además, se vulnera el debido proceso, toda vez que resulta evidente la falta de racionalidad y de proporcionalidad que exhibe la norma objetada, que aplica la misma sanción a todos los empleadores que hayan sido condenados por prácticas antisindicales e infracción a las garantías fundamentales de los trabajadores, sin discriminar entre ellos mediante el debido análisis de la gravedad de las conductas, la extensión de mal causado, el número de trabajadores afectados, y la circunstancia de tratarse de una conducta aislada del empleador o de una forma de operar recurrente.

Luego de declarar admisible el requerimiento, la Magistratura Constitucional ordenó comunicar su decisión al Tribunal de la gestión pendiente y confirió traslado a las partes de ella por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.

Vea texto del requerimiento y del expediente Rol N°11.251-21

Content retrieved from: https://www.diarioconstitucional.cl/2021/08/01/tc-declaro-admisible-inaplicabilidad-que-impugna-norma-que-le-impide-a-empresa-a-contratar-con-el-estado-en-la-eventualidad-de-que-se-la-sancione-por-practicas-antisindicales/.

pablo 3dk200

Pablo Prüssing

Abogado y socio 3DK

¿Necesitas apoyo legal especializado en compras públicas?

Defensa de proveedores: Multas, sanciones e ilegalidades.

Déjanos tu email y te contactaremos.

error: Este contenido está protegido !!
es_ESEspañol

Recibe noticias y material exclusivo