Exclusivo: la dura carta de Aisino contra el Registro Civil antes de la caída de la licitación

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Nov 19
Registro Civil

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió a la respuesta que el consorcio chino-alemán le envió al Registro Civil, tras su requerimiento, a días de bajar la licitación. En dicha comunicación, la UTP hizo fuertes reparos a los antecedentes solicitados por la institución, apelando al principio de igualdad ante la ley e incluso discriminatorio. Esto, ya que solo a ellos les requirieron información, y no a sus socios europeos de Muhlbauer, firma que sería la que imprimiría los pasaportes y cédulas. Cercanos a Aisino reconocen que el consorcio se prepara para su arremetida judicial, la cual incluso no descarta la presentación ante la Contraloría General de la República de una solicitud de pronunciamiento del ente fiscalizador al respecto, todo esto con el fin de auscultar el actuar del Registro Civil. La historia continúa

El 8 de noviembre se llevó a cabo una reunión en las dependencias del Registro Civil ligada a la licitación de cédulas y pasaportes. El encuentro fue coordinado por el director de la institución, Sergio Mierzejewski, y en ella participaron los representantes de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) Aisino en Chile, flamantes ganadores del concurso.

Fue la segunda vez que se reunieron en el Registro Civil -desde que adjudicó la licitación- y la primera tuvo como objetivo comenzar con la coordinación para llevar a cabo el proceso y el trabajo colaborativo entre UTP Aisino y el Registro Civil, y pensaron que este sería igual.

Pero fue distinto, en la cita estuvieron presentes los abogados Andrés Jana -hombre cercano al gobierno de Piñera- y Luis Cordero. Según fuentes de La Radio conocedoras del tema, fue Jana quién lideró la cita y solicitó al consorcio chino-alemán responder una serie de dudas que el Registro Civil tenía sobre el proceso licitatorio con fecha máxima de respuesta al 12 de noviembre.

Una de las principales preocupaciones del servicio era conocer por qué, a juicio de ellos, existían “determinados antecedentes entregados en la propuesta técnica” que contenían “correcciones manuscritas de la información contenida en los certificados técnicos”.

Otro de los puntos era dar a conocer el contenido y alcance de la Ley de Seguridad de Datos de China, particularmente en lo señalado a “la información que, en virtud de esa ley, deba entregarse a terceros (…) por parte de entidades que presten servicios fuera de ese territorio”. En esa misma línea, el Registro Civil requirió saber también de otras leyes del gigante asiático como, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional y de Ciberseguridad.

Solo uno de los puntos, el seis y final, tiene relación con un tema que había estado en el centro de las negociaciones internacionales: el Programa Visa Waiver. Al respecto, solo se pidió conocer cómo Aisino “dará cumplimiento a la obligación establecida en las Bases para el Contratante de asegurar el SERVICIO” (sic).

El tenor de esa reunión fue raro, se comenta. Y es que era la primera vez que Jana y Cordero participaban de las tratativas, pues no estaban en el radar del consorcio. Bajo ese contexto, la respuesta no se hizo esperar, pero en el ambiente quedó instalada la sensación que algo sucedería y que esta solicitud era solo una “excusa” para ceder ante presiones.

“Un día el Registro civil adjudica a la mejor oferta y se felicita por lograr pasaportes mucho más baratos y al día siguiente, cambia de opinión, cede a las presiones externas y le pone una trampa al consorcio chino- alemán, al que no le queda otro camino más que el judicial”, comenta una fuente cercana al tema.

La respuesta

El 12 de noviembre, a casi un mes de la adjudicación de la licitación, el consorcio chino-alemán respondió. Lo hizo a última hora y en duros términos refutando los puntos solicitados. Uno de ellos, sin ir más lejos, fue retrucar que dicha solicitud hacía eco a “una acción de impugnación formulada por la empresa Idemia -quien actualmente presta el servicio- ante el Tribunal de Contratación Pública”.

Respecto a antecedentes legales del gigante asiático, la carta señala que “se requiere información respecto de una serie de normas constitucionales y legales vigentes en la República Popular China que no son atingentes al proceso de licitación ni al contrato”. Esto, a juicio de la UTP Aisino, porque la licitación se rige exclusivamente “por las leyes de la República de Chile”.

A diferencia de la visión que tiene el Registro Civil, institución que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el consorcio chino-alemán sostiene que la información solicitada “no es aplicable a un procedimiento administrativo ya concluido (…) que culminó con la adjudicación” de la licitación.

Sobre los motivos que sustentan la carta del Registro Civil, la UTP Aisino sostiene que “no expresa de manera precisa los fundamentos del mismo y solo hace referencia a la acción de impugnación presentada por la empresa Idemia”, cuando esta, exponen, realizó una oferta económica que es $17.901.508.900 más cara.

Uno de los puntos más importantes en la respuesta de los ganadores de la licitación de cédulas y pasaportes, y que según se comenta se bajara como uno de los principales argumentos en las futuras acciones legales a presentar es la vulneración al derecho de igualdad sobre la ley.

“(…) La solicitud de información hecha en los términos de su referida carta, realizada a sólo uno de los oferentes y especialmente al que resultó adjudicatario del proceso licitatorio, puede resultar en una infracción a dos principios que regulan e informan a la Contratación Pública”, expusieron.

Estos son: el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las bases, este último, estipulado en el artículo 10 de la Ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios. Asimismo, fuentes reconocen que otra discriminación: solo a Asino se le requirió información, no a sus socios alemanes de Muhlbauer, los que en la línea de producción estarían a cargo de la impresión y seguridad de los documentos.

Bajo la presunta infracción al principio de igualdad de los oferentes, la UTP Aisino también marca un punto, desde su vereda, clave: “La entidad licitante (…) no puede establecer requisitos nuevos o alterar los procesos ya realizados de acuerdo con las Bases”. Por ende, agrega, corresponde que el Registro Civil cumpla con “las Bases para no afectar este principio rector de la contratación en la modalidad de licitación pública”.

Ante la falta de información que se le acusa a la UTP Aisino, estos contestaron que presentaron “todos los antecedentes e información” requerida por las bases y “cumplió con todos los requisitos”. Y agregan: “Cualquier otro requerimiento de esta naturaleza, fuera de las instancias propias de la licitación, podría entenderse como discriminatorio”.

Al final de la misiva, el consorcio chino-alemán responde sobre el Programa Visa Waiver, factor que sería clave en el futuro cercano para la caída de la licitación. “Nuestra oferta da total cumplimiento a las obligaciones establecidas (…) asegurando al Servicio el cumplimiento de los requerimientos de dicho programa”.

Refuerza el punto anterior agregando que los pasaportes serán emitidos con “altas medidas de seguridad, cumpliendo los exigentes estándares en procedimientos relacionados con la fabricación, emisión, uso y bloqueo de los documentos de identidad”.

Fuentes de La Radio indicaron que además es la empresa alemana la que está encargada de emitir los pasaportes, y que actualmente lo hacen para otros países que son parte del Programa de Visa Waiver, por lo que al interior del consorcio no se entendía la solicitud del servicio.

Lo que viene: la batalla legal

Tal como reconocen fuentes cercanas al caso, todos los caminos de la UTP Aisino apuntan a la justicia. La pregunta aún es qué recurso tomarán y cuándo. Una posibilidad, se comenta en la plaza, es presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Otro camino es recurrir al Tribunal de Contratación Pública a través de una denuncia de impugnación contra la resolución exenta que echó por tierra la adjudicación de la licitación a la UTP Aisino. En la arena internacional, la demanda internacional ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es también opción.

Junto a lo anterior, también se comenta que está la posibilidad de recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) buscando que el organismo contralor revise las últimas actuaciones.

Sobre esto último, fuentes de La Radio explican que “efectivamente” la empresa podría solicitar al organismo contralor un pronunciamiento al respecto. Por ejemplo, dicen, uno de esos temas a inspeccionar podría ser la pertinencia de los abogados asesores del Registro Civil que participaron en las últimas reuniones.

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