A solo días de que se termine el actual contrato de Idemia, la polémica que ha suscitado el nuevo modelo de pasaportes y cédulas de identidad tiene otro capítulo. El viernes recién pasado y a poco más de un mes de que la UTP Sonda-Thales presentara un recurso de impugnación en contra del Registro Civil, el Tribunal de Contratación Pública resolvió desestimar la suspensión del proceso de licitación, tal como pedía el consorcio.
De este modo, la instancia judicial integrada por los jueces Álvaro Arévalo Adasme, Pablo Alarcón Jaña y Francisco Javier Alsina Urzúa, señaló a través de un documento que en base a los antecedentes reunidos hasta ahora, estos no han producido en este tribunal «la convicción necesaria como para decidir favorablemente la petición» realizada por Sonda.
Cabe destacar que a principios de diciembre de 2021 el grupo presentó un recurso de impugnación en contra del Registro Civil y la decisión que dejó en manos de la francesa Idemia el nuevo modelo de identificación. Y arremetió en contra del proceso de evaluación de las empresas participantes en el proceso.
Así, Sonda-Thales argumentó que tal como en el caso de Aisino, que fue descalificado a posteriori de haberse adjudicado el contrato, el Registro Civil también pudo haber pasado por alto fallas en la propuesta de Idemia. Y, además señalaron que uno de los puntos débiles de la oferta de la francesa es «la falta de autoridad» del gerente general de la actual operadora. Esto, pues según dicen, este no contaría con todas las facultades en el país que le permitan presentar una oferta de estas características.
Sin embargo, semanas más tarde el servicio administrativo respondió a la acusación e indicó que dado que las ofertas técnicas de las empresas participantes no se encuentran visibles a través del Portal de Mercado Público por razones de seguridad, se concluye que Sonda «estaría planteando una situación con total desconocimiento» de la oferta de la actual operadora francesa.
Asimismo, advirtió que «la suspensión del presente proceso licitatorio generaría perjuicios no solo para la Administración del Estado, sino que también para la población». Esto, pues el hecho de asegurar la continuidad operativa del sistema implicaría prorrogar más allá de lo previsto el contrato actual vigente, y junto con ello, aumentar el gasto fiscal que conlleve esta acción.
La resolución del Tribunal de Contratación Pública se da a solo tres días de que el actual contrato de Idemia finalice.
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