Presentan proyecto de ley que busca reforzar la aplicación de la disposición que sanciona a las empresas condenadas por prácticas antisindicales.

ChileCompra en prensa

May 29

El objetivo principal del proyecto ingresado es bajar el plazo de la sanción y aplicarlo proporcionalmente al hecho.

La Moción busca enmendar al texto legal vigente de la Ley 20.238 con el objeto de recoger algunos cuestionamientos del Tribunal Constitucional, como también solucionar algunos aspectos operativos de su operación.
La Ley 20.238 modificó la Ley Nº 19.886, asegurando la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado. Aquella ley señala que quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca acortar a un año el plazo de la sanción para quienes incurran por primera vez en las conductas castigadas, extendiéndolo, en caso de reincidencias y reiteraciones, buscando así una mayor proporcionalidad.
Atendida la diversidad de hipótesis que puede motivar la infracción de derechos fundamentales del trabajador, se propone que en este caso, el Tribunal, al momento de dictar su fallo, deba pronunciarse expresa y fundadamente en relación a la aplicación de esta sanción accesoria de prohibición de contratar con la administración pública. De la misma forma, evitar que la sanción se diluya o deje aplicar en caso de que la empresa posea diversas razones sociales o participe de fusiones o adquisiciones, lo anterior toda vez que es usual que se busque alguna vía alternativa para mantener estas contrataciones y facilitar la conformación de la lista de empresas sancionadas, mediante una comunicación oportuna de las sentencias.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13531-13.

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