Una jubilada y su hermano exonerado político, sin conocimientos de computación, figuran como el tercer mayor proveedor de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Gladys Adela Vergara Pezoa representa a GV Infraestructura y Sistemas, una empresa de servicios informáticos sin página web, cuyo teléfono de contacto no funciona y que desde el 12 de marzo el Gobierno decidió no volver a contratar.
Gladys Adela Vergara Pezoa es una jubilada de 74 años de edad cuyo nombre y RUT (5.160.849-6) aparecen como proveedor y receptor de recursos del Estado. Al revisar el detalle de sus órdenes de compra su nombre se asocia a GV Infraestructura y Sistemas, una empresa cuyos datos no aparecen en el Diario Oficial. De esa compañía solo se sabe lo que dice su ficha de proveedor en Mercado Público. Su dirección es en Compañía 1390, y su persona de contacto es Manuel Ángel Vergara Pezoa, un ingeniero textil de 72 años, a quien por una resolución del 18 de agosto de 2009 –último año del primero gobierno de Michelle Bachelet– se le concedió la calidad de exonerado político.
Ni ella, ni su hermano responden el teléfono que aparecen como contacto. El número no funciona. Se trata de una empresa especializada en servicios informáticos, pero que no tiene página web y cuyo correo electrónico es un Gmail y no una cuenta corporativa, Al visitar la dirección que acreditan en sus facturas, aparece una puerta permanentemente cerrada, con el ventanal manchado y con correspondencia que, al menos durante un par de días, se queda sin recoger.
Pese a esta falta de credenciales, Gladys Adela Vergara Pezoa, una persona natural, en 2017 facturó a instituciones del Estado $1.058.210.058. De este, 97,21% corresponde al Ministerio de Desarrollo Social (1.029 millones de pesos); 1,48% al Ministerio del Trabajo (15.793.465 pesos); y 1,28% al Ministerio del Medio Ambiente (13.521.553 pesos). La Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social, se convirtió en su principal cliente entre los organismos públicos. De esa instancia solo en 2017 cobró $994.917.429 (casi mil millones de pesos), convirtiéndose en su tercer mayor proveedor.
Era tal la cuantía de sus contratos que, en la lista de proveedores de la Subsecretaría, Gladys Adela Vergara Pezoa tan solo figura por detrás de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza ($3.640.412.820) y de la Universidad Católica de Chile ($1.997.885.683).
Además, las facturas de Vergara Pezoa suman montos más altos que las provistas por el Instituto Nacional de Estadísticas ($545.885.000), Claro Servicios Empresariales S.A. ($448.894.436) o la Universidad de Chile ($354.022.823).
No obstante lo anterior, no se han realizado nuevas contrataciones a este proveedor desde el 12 de marzo de 2018 en adelante».
Desde la Subsecretaría de Evaluación Social no niegan la existencia de estos convenios millonarios, pero aclaran que tales acuerdos no siguieron una vez que asumieron las nuevas autoridades designadas por el Presidente Sebastián Piñera: “Todas las contrataciones que realizó la Subsecretaría de Evaluación Social con este proveedor fueron generadas durante el período 2014 a febrero de 2018”.
De acuerdo con Chile Proveedores, el RUT de Gladys Vergara figura en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, asociado a una persona natural o a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.). Además, dicen desde la Subsecretaría que “este proveedor está adscrito a convenio marco”.
Tales acuerdos serían el Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales, publicado en el ID 2239-7-LP14, el Convenio Marco de Datacenter y Servicios Asociados, publicado en el ID 2239-17-LP11, y el Convenio Marco de Perfiles para el Desarrollo y Mantención de Sistemas Informáticos, publicados en el ID 2239-3-LP15.
“No obstante lo anterior, no se han realizado nuevas contrataciones a este proveedor desde el 12 de marzo de 2018 en adelante. En el marco de la mejora de los procesos de compra, se ha modificado el procedimiento, aumentando los plazos en función de la cuantía de recursos involucrados, lo que permite mayor participación de proveedores», agregan desde la Subsecretaría de Evaluación Social. Esto implicaría que en el presente se están ampliando los plazos de las licitaciones para permitir que postule un mayor número de proveedores y fomentar la competencia.
Una trama enrevesada: tres empresas comparten teléfonos y dirección
El contrato de mayor envergadura del que se tiene registro se facturó en diciembre de 2017. Identificado como “Adquisición plataforma de colaboración UCS-WSA-MDS, Sharepoint y Exchange.FA/14165”, superaba el millón de dólares (USD 1.151.241,7) y consistía en la compra de un servidor Blade Cisco UCS B200 M4, de licencias para Microsoft y Microsoft Office; mantenimiento y soporte de hardware e instalación de sistemas.
Este servicio se contrató según el Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales, cuyo proceso de licitación comenzó el 17 de diciembre de 2014 y el cierre de recepción de ofertas se fijó el 23 de enero de 2015 –poco más de un mes, con Navidad y Año Nuevo de por medio–. A través de ese mismo convenio se pactó la habilitación de un datacenter por USD 454.780,04.
La Subsecretaría también contrató con este proveedor un servicio de soporte y administración de plataforma, un servicio de mudanza tecnológica, la instalación de cableado estructurado y eléctrico, instalación y mantención de puntos de datos. Hasta junio de este año Vergara Pezoa recibió de la Subsecretaría de Evaluación Social $344.562.952 y continúa posicionada como su tercer proveedor, pues algunos de estos proyectos de años anteriores, por su cuantía, se le continúan pagando en 2018.
En el marco de la mejora de los procesos de compra, se ha modificado el procedimiento, aumentando los plazos en función de la cuantía de recursos involucrados, lo que permite mayor participación de proveedores».
Las facturas de este año no solo corresponden al Ministerio de Desarrollo Social. En 2018, ha cobrado en total $364.343.582: $345 millones corresponden a Desarrollo Social; y $19.780.630 al Ministerio de Ambiente.
Gladys Vergara Pezoa aparece en la lista de proveedores de Mercado Público. Sin embargo, hay discrepancias cuando se mira su ficha en Chile Proveedores. En ese portal no aparece como representante de GV Infraestructura y Sistemas sino de LBI Consultores, con la coincidencia de que ambas comparten la misma dirección: Compañía 1390, Santiago Centro.
Según este mismo portal, LBI Consultores habría concretado ventas a través de Mercado Público por $1.311.541.329, a partir del año 2015, repartidos de la siguiente manera: $734.276.146 en 2015; $409.280.979 en 2016; y $167.984.204 en 2017. Esta empresa forma parte de convenios marco similares a los de GV Infraestructura y Sistemas. En el Diario Oficial se lee que Lyzoft Bi Consultorías Limitada se constituyó el 11 de diciembre de 2013 –cuatros días antes de las elecciones en las que Bachelet logró su segundo mandato–, con un capital de $3.000.000.
Hay una tercera empresa, vinculada a los Vergara que, según la ficha de Mercado Público, tiene como dirección Compañía 1390 y que comparte el mismo número de teléfono de GV Infraestructura y Sistemas: Comercial Synet Technologies Limitada,cuyo representante es Ernesto Chacón Vergara.
Comenzamos con pequeños proyectos de infraestructura, hacíamos servicio a los servidores. En general, manteníamos las computadoras en buena salud, hasta que en el año 2015 el Ministerio de Desarrollo Social se muda a una nueva sede y deciden desarrollar un data center”.
Al intentar hacer contacto con GV Infraestructura y Sistemas es Chacón Vergaraquien responde. Explica que Gladys Vergara Pezoa es su madre y que la compañía quedó constituida a su nombre ante la imposibilidad de registrar él una nueva empresa por haber tenido antes una compañía que quebró. GV Infraestructura y Sistemas se habría creado en 2009 y, relata Chacón Vergara, que su relación con el Ministerio de Desarrollo Social comenzó en el año 2010 o 2011 a través de un proyecto de data warehouse.
“Comenzamos con pequeños proyectos de infraestructura, hacíamos servicio a los servidores. En general, manteníamos las computadoras en buena salud, hasta que en el año 2015 el Ministerio de Desarrollo Social se muda a una nueva sede y deciden desarrollar un data center”, dice.
GV Infraestructura y Sistemas licitó en el convenio marco correspondiente y le fue adjudicado el proyecto: “Los convenios marco son procesos democráticos. Cualquiera puede participar sea una persona natural o una gran empresa. Eso es muy positivo”. Después de construir el data center hicieron la mudanza tecnológica. Esos son los grandes proyectos, dice Chacón Vergara, que justificarían la tercera posición en la lista de proveedores de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Ante la pregunta de la inconsistencia en los datos de contacto y de por qué eso no incidió en su selección, insiste en que los convenios marco no son discriminatorios: “Si no se tiene dinero cómo se monta una oficina. No se mide el patrimonio, cualquiera puede participar y a la larga eso baja los precios para el Estado. Es positivo porque se le da la oportunidad a más personas que antes no tenían acceso”. Y sobre su tío Manuel Ángel dice desconocer que es exonerado político, que trabajó en la empresa por poco tiempo y que hace años no hablan. No obstante, continúa como persona de contacto de GV Infraestructura y Sistemas. Datos que no habría actualizado porque la empresa estaría destinada a “extinguirse”.
Se opera a través del portal de Chile Compra. No depende de la Subsecretaría. Si lo vemos allí, se asume que todo está en regla”.
Chacón Vergara reconoce que este año GV Infraestructura y Sistemas no ha firmado nuevos convenios con la Subsecretaría. Afirma que su intención es dejar que esa empresa desaparezca en lo que haya terminado de finiquitar sus cuentas y continuar en el negocio a través de las otras: LBI y Synet. La segunda sí tiene página web, allí actualizan su dirección y su número telefónico. Se encuentran en una oficina en un edificio recién construido en la calle Morandé, a la que se mudaron hace un año. “La diferencia es el tipo de servicios que prestan”. Cada una de las empresas se encargaría de un rubro en particular, bien sea compra-venta de equipos, seguridad electrónica y licencias; con clientes del área pública y privada.
“Yo me estoy cambiando de rubro. El Ministerio ya no es foco. Ya el data center está hecho”. Su plan es incursionar en io tech y continuar ofreciendo servicios de infraestructura, pero ya no a través de GV.
Más importante que Casen
El Ministro de Desarrollo Social entre 2014 y 2018 –cuando se firmaron los contratos– era Marcos Barraza, militante del Partido Comunista y uno de los miembros del gabinete más cercano a Michelle Bachelet.
En la Subsecretaría de Evaluación Social se encontraba Heidi Berner. La ex funcionaria dijo a “El Líbero” que durante su gestión todas las compras tecnológicas se realizaban por convenio marco a través del portal de Chile Compra, y era responsabilidad de esta instancia asegurarse de que las empresas cumplieran los requisitos para hacer negocio con el Estado. “Se opera a través del portal de Chile Compra. No depende de la Subsecretaría. Si lo vemos allí, se asume que todo está en regla”, subraya.
La ex subsecretaria afirma que no debe extrañar la existencia de grandes contratos en lo concerniente a servicios informáticos, pues fue función de esta oficina el levantamiento de la base de datos para poner en funcionamiento el Registro Social de Hogares, una plataforma de la que se pueden beneficiar no solo las personas, sino el resto de las instituciones del Estado, al encontrar de forma centralizada datos provenientes del Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil e Identificación, Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Salud, Administradora de Fondos de Cesantía, Ministerio de Educación, entre otras oficinas y con lo cual se construye la Calificación Socioeconómica del hogar.
“Esto es incluso más importante que la Casen”, responde en alusión a que Gladys Vergara Pezoa facturó más que el Instituto Nacional de Estadísticas. Se acordó tener una segunda conversación una vez que Berner hubiese revisado los antecedentes de GV Infraestructura y Sistemas, pero no volvió a contestar la llamada de «El Líbero».
¿Quiénes son?
Aunque ahora su nombre figura junto a cifras millonarias, esto no siempre fue así. El viernes 11 de junio de 2004, Gladys Vergara Pezoa envió una carta a El Mercurio en donde reclamaba que se había quedado sin el pago de la AFP Provida, equivalente a UF 11,62 (unos 318.573 pesos actuales). “Hasta abril, recibí normalmente la suma mensual; pero en mayo, al ir a cobrar, me encontré con que no tenía derecho a pensión porque no había cobrado un cheque en febrero. Llené los formularios para regularizar la situación y dijeron que en 30 días me cancelarían la diferencia pendiente y que al cabo de un mes más se normalizaría la situación. Estoy muy molesta ya que, debido a una negligencia de Provida, puedo estar dos o tres meses sin recibir pensión”, contó al diario.
Manuel Vergara Pezoa también se encuentra en Chile Proveedores, pero su solicitud está pendiente pues le faltarían documentos para formalizar su inscripción.
Además, Manuel Ángel Vergara Pezoa figura en el registro de lobistas como “gestor de interés” del Ministerio de Salud. En la plataforma Ley del Lobby se le encuentra presentando módulos de hospitales móviles y de campaña en las oficinas de la Onemi, así como “productos especiales para catástrofes de todo tamaño”, ante esa misma organización. En un tercer registro reclama la reprogramación de un encuentro –suspendido por una huelga– en la Dirección de Obras Municipales de Macul. Todos los casos son del año 2016.
Placa de oficina Synet en calle Morandé, donde también aparece LBI
