Una auditoría a la Subsecretaría de Prevención del Delito constató que no se cumplieron las bases del proceso, efectuado en 2020, y que involucró un monto de $378 millones.
La Contraloría General de la República informó que iniciará un sumario en la Subsecretaría de Prevención del Delito, debido a irregularidades detectadas por un informe realizado en 2021, que investigó la licitación y ejecución del contrato para adquirir cámaras corporales para Carabineros de Chile.
El ente fiscalizador indicó que tras una auditoría se detectó que la subsecretaria de ese entonces, Katherine Martorell, quien ahora ejerce como vocera del comando del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, no verificó que los aparatos cumplieran con las bases de licitación.
El proceso se llevó a cabo en 2020 y comprendió un gasto por $378 millones, con el objeto de comprar cámaras corporales para la policía uniformada, que debían tener como característica principal la función «post recording», que consiste en mantener la grabación por 120 segundos luego que la cámara fuese apagada.
Sin embargo, según Contraloría, Motorola -la empresa que se adjudicó el contrato- no entregó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con esa función, y además presentó su propuesta fuera de plazo, lo que implicaba que debió haberse declarado inadmisible.
Junto con esto, la empresa tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema.
Por todos los hechos descritos, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Asimismo, el organismo envió los antecedentes al Ministerio Público.
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