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Proyectos de modernización del Estado avanzan en el Congreso

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Tres proyectos de ley enmarcados en la agenda de modernización del Estado –lanzada por el Gobierno en julio de 2019 para contar con un Estado más transparente, moderno, y que entregue un mejor servicio a las personas–, avanzaron en sus respectivos trámites legislativos.

El proyecto que moderniza los gobiernos corporativos de CORFO, Banco Estado y ENAMI (boletín 14769-05), para adecuarlos a los estándares que se lograron en CODELCO (2009) y ENAP (2016), se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y fue aprobado en general el miércoles 19 de enero. La iniciativa sigue las recomendaciones de la OCDE, y permite cumplir con el compromiso adquirido por Chile al ingresar a dicha organización el año 2009, aplica prácticas que la amplia mayoría de los países miembros siguen y continúa con las sendas de modernización de las estructuras de gobierno corporativo de empresas del Estado ya mencionadas.

“El proyecto de gobiernos corporativos busca adaptar las empresas y organismos públicos a las exigencias ambientales, sociales y de gobernanza del mundo actual. Permite gestionar en forma moderna las relaciones con las trabajadoras y trabajadores, y respetando las demandas de transparencia y accountability de la comunidad, así como el cuidado con el medio ambiente y procura generar un control fuerte que vele por los intereses de sus dueños o accionistas, en este caso todos los chilenos”, señaló el subsecretario de Hacienda Alejandro Weber.

Por su parte, el proyecto de ley que fortalece el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín 14582-05), pasó a segundo trámite constitucional en el Senado, el miércoles pasado. La iniciativa fortalece las atribuciones del Sistema de Alta Dirección Pública y le entrega mayores atribuciones al Servicio Civil para continuar profesionalizando el Estado. Establece que las decisiones de continuidad de los directivos de segundo nivel jerárquico, entre los que se cuentan más de 1.000 directores regionales y subdirectores de servicios públicos, deban basarse en mérito y no dependan exclusivamente de la confianza de la autoridad de turno. La iniciativa también incorpora la creación de un registro de funcionarios públicos, para gestionar el talento en el sector público y entregar mayores oportunidades de desarrollo laboral.

También avanzó en su trámite legislativo el proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 de Compras Públicas (boletín 14.137-05), –en segundo trámite constitucional–, que fue aprobado en general por la Sala del Senado, por 33 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, luego de un acuerdo logrado entre el Gobierno y la oposición en la Comisión de Economía del Senado.

La iniciativa busca mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia y agregar principios de economía circular en las compras del Estado. Adicionalmente, tiene por objeto introducir mayor competencia en el mercado de las compras del Estado y ofrecer mayores oportunidades a las pymes, que hoy participan en cerca de un 60% de las adquisiciones del Mercado Público, de aumentar su participación en el sistema.

Para lo anterior, entre otras medidas, el proyecto propone la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley de Compras Públicas a otros órganos del Estado como el Poder Judicial, Congreso Nacional y las corporaciones, fundaciones y asociaciones de participación municipal y regional. Asimismo, prohíbe la contratación de un organismo público con sus funcionarios o parientes cercanos; y establece nuevas causales de exclusión del Registro de Proveedores, cuando estos han sido condenados por delitos tributarios graves, cohecho, y por incumplimiento grave de contratos.

También crea nuevos procedimientos de contratación que fomentan la incorporación de innovación en los bienes y servicios que adquiere el Estado a través de la colaboración público privada, permiten la adquisición preferente de bienes y servicios por parte de las pymes, y permiten el intercambio y la recirculación de bienes en desuso entre organismos del Estado.

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